CUANDO EJERCER UN DERECHO SIGNIFICA ENFRENTAR REVICTIMIZACIÓN Y ABANDONO
En Bolivia, la interrupción del embarazo está contemplada en la legislación desde 1972, pero fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 la que estableció nuevas condiciones para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (I.L.E.). Este procedimiento está permitido en circunstancias específicas, como los casos de violación, cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer y ante determinadas malformaciones congénitas. Sin embargo, en Tarija, ejercer este derecho todavía implica enfrentar barreras, desinformación y dificultades para acceder a una atención oportuna.
Aunque las normas establecen condiciones para acceder al procedimiento, las dificultades no terminan con la interrupción del embarazo. La Defensoría del Pueblo advierte sobre la falta de seguimiento y una atención integral que contemple la recuperación física y psicológica de las víctimas. Una funcionaria policial relató una experiencia ocurrida en el área rural de Tarija, donde una víctima tuvo que enfrentar no solo las consecuencias de la agresión, sino también el abandono.
A esta situación se suma el reconocimiento de la Policía sobre la revictimización que sufren algunas denunciantes, frente a lo cual se comenzaron a incorporar profesionales en psicología forense para fortalecer la atención y la elaboración de informes técnicos.
La desinformación también representa un obstáculo. Para acceder a una I.L.E. por violación no se requiere una sentencia judicial, basta una copia de la denuncia, y la atención debe gestionarse oportunamente. Sin embargo, el desconocimiento de este derecho persiste incluso entre operadores del sistema de justicia y es una dificultad mayor en comunidades rurales, donde algunas familias desconocen las opciones legales.
Entre enero y julio de 2026, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) registró 140 casos de Interrupción Legal del Embarazo en Tarija en diferentes situaciones entre las cuales dos niñas de entre 10 y 14 años accedieron al procedimiento tras embarazos producto de violencia sexual, con gestaciones de entre tres y seis meses.
