Sube a 20 el número de empresas públicas en quiebra técnica y el Gobierno prepara su reestructuración
El diagnóstico financiero de las empresas públicas bolivianas elevó de 15 a 20 el número de compañías que se encuentran en situación de quiebra técnica, según informó Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).
La evaluación abarcó a 67 empresas estatales y fue realizada mediante una metodología internacional adaptada a las condiciones de la economía boliviana. El informe será puesto a consideración del Consejo Superior de Empresas Públicas, instancia que deberá definir qué camino seguirá cada compañía.
Por el momento, el Gobierno no hizo públicos los nombres de las 20 empresas identificadas en situación crítica. Camacho explicó que el proceso de evaluación todavía está en curso y que será el Consejo Superior el que determine las acciones correspondientes.
La denominada quiebra técnica se presenta cuando el patrimonio neto de una empresa es negativo, es decir, cuando el valor de sus activos resulta inferior al conjunto de sus obligaciones y pasivos.
En abril, un primer diagnóstico había identificado a 15 empresas en esta condición. Entre ellas figuraban Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Yacana, Quipus, la Empresa Metalúrgica Karachipampa, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Mutún, B-Agro, EBA, Epcoro, Boliviana de Aviación (BoA) y Mi Teleférico.
El nuevo diagnóstico abre ahora una segunda etapa: definir cuáles empresas pueden ser reorganizadas, cuáles podrían ser fusionadas o transferidas y cuáles eventualmente deberán ser disueltas o liquidadas.
El Decreto Supremo 5727 establece el marco para avanzar en esos procesos. Algunas empresas podrán ser cerradas mediante decreto, mientras que otras requerirán una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
Uno de los casos más complejos es el de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), cuya creación está establecida en la Constitución Política del Estado. Por esa razón, su eventual cierre requeriría una modificación constitucional.
Camacho explicó que actualmente la EBIH fabrica y comercializa tuberías plásticas destinadas exclusivamente a YPFB para instalaciones de gas domiciliario. Según la autoridad, esa dependencia representa una de las dificultades para su sostenibilidad.
En paralelo, la OFEP reportó que las empresas públicas acumulan una elevada carga tributaria: el diagnóstico alcanzó a 67 compañías, de las cuales 42 son completamente estatales y 25 tienen participación mixta con mayoría accionaria del Estado. Según los datos preliminares, entre las grandes empresas estatales con utilidades figuran YPFB, ENDE y Comibol, mientras otras presentan pérdidas y deterioro patrimonial.
El Gobierno prevé comenzar esta semana con un primer paquete de empresas para definir su futuro, aunque todavía no existe un cronograma público para el cierre de las compañías identificadas en quiebra técnica.
La cifra de 20 empresas marca así un nuevo capítulo en la revisión de las empresas estatales y pone en debate cuánto le cuesta al Estado mantener compañías que presentan dificultades financieras y cuáles pueden todavía ser sostenibles.
