En las últimas horas, Brenda Lafuente presentó una demanda de asistencia familiar contra el presidente Luis Arce por un monto de Bs 8.000 al mes para la manutención del niño que habría procreado con la exfuncionaria de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Ante este caso, la abogada Nataly Zúñiga lamentó que el niño sea expuesto de forma reiterada en el proceso y sostuvo que se debe “proteger su intimidad”, ya que procesos judiciales como el que se desarrolla no deberían ser de carácter público.

“Lamento la exposición pública del niño; el único afectado es el niño. En temas de asistencia familiar y procesos judiciales donde hay un niño no deberían ser de carácter público. Hay que cuidar la intimidad de estos niños, porque estos niños son vulnerables”, dijo Zúñiga en sus redes sociales.

Hace días, Lafuente, con su niño en brazos, presentó una nueva demanda por asistencia familiar contra Arce en el Juzgado Público de Familia 1 del departamento de Cochabamba.

La jurista lamentó que se dé esta situación por la exposición del niño incluso en redes sociales y sostuvo que el caso debería tratarse en reserva y establecerse medidas cautelares de carácter personal.

“Se debería emitir medidas cautelares de carácter personal, por ejemplo, para que no se publique el contenido de la demanda, la respuesta a la demanda ni el monto de la sentencia familiar, no por proteger a la señora o al presidente, sino por proteger al niño. Él no tiene culpa de nada”, destacó.

Hace días, la mujer salió a la luz pública asegurando que tuvo una relación sentimental con Arce en 2023, y producto de eso nació un niño. Lafuente, en primera instancia, denunció al primer mandatario acusándolo de abandono de mujer embarazada.

Ante esta primera denuncia, Arce se presentó este martes en la Fiscalía de Cochabamba, pero utilizó su derecho a abstenerse de declarar. Este miércoles presentó otra demanda, esta vez por asistencia familiar, donde pide un monto de Bs 8.000 al mes.

En Bolivia, la protección de la intimidad y la imagen de los niños está garantizada por el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548), promulgado en 2014. Este código establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección de su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, así como a la protección de su honra y reputación. Además, se prohíbe la exposición indebida de su identidad en medios de comunicación y redes sociales, especialmente en contextos judiciales o administrativos