Parlamentarios de Tarija revelan alarma por fondos del IDH y activan petición de informe al Banco Central de Bolivia
El diputado nacional Rodrigo Fuenzalida informó sobre la presentación de un proyecto de ley para abrogar la Ley 767 y frenar la retención automática del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La urgencia legislativa se activó luego de que el ministro de Economía advirtiera que dichos fondos, destinados por ley exclusivamente a la exploración y explotación petrolera, ya no existen porque el anterior gobierno los utilizó en otros fines.
Ante esto, Fuenzalida y la diputada Karina Liebers enviaron una petición de informe directo al Banco Central de Bolivia (BCB) a través de la Presidencia de la Cámara de Diputados, exigiendo un desglose mensual detallado desde enero de 2016 hasta diciembre de 2025 para verificar los débitos aplicados a la gobernación, los municipios y la universidad pública.
La fiscalización busca transparentar el destino de más de 96 millones de bolivianos retenidos al departamento de Tarija, un flujo económico que se sigue descontando de manera ininterrumpida cada mes.
«Pero en días pasados, en una reunión que hubo con la presentación de otros proyectos, el ministro de Economía nos ha dicho que los recursos de la retención del 12% ya no existen, que han desaparecido y que el anterior gobierno los ha utilizado en otras cosas. Por lo tanto, nosotros ahora, junto con la diputada Karina Liebers, hemos hecho una petición de informe directo al Banco Central de Bolivia para que nos pueda informar de manera detallada, mes por mes, desde enero del 2016 a diciembre del 2025, cuántos recursos debería ser de IDH».
Ante la situación de un país endeudado que imposibilita la creación de un nuevo fondo de devolución, el legislador planteó soluciones alternativas como la conciliación de deudas pendientes de las regiones con el nivel central, o el financiamiento de nuevos proyectos concurrentes donde los municipios y la gobernación queden eximidos de colocar contrapartes locales. El BCB dispone de un plazo de 10 a 15 días para emitir su respuesta oficial; en caso de incumplimiento o silencio administrativo, los parlamentarios activarán conminatorias legales y, de ser necesario, impulsarán una petición de informe oral ante el pleno del Congreso.
«Así que necesitamos saber esto, esperemos que la información del ministro no haya sido… Totalmente correcta y de que existan los recursos y de esa manera podamos hacer la solicitud de devolución porque necesitamos en la gobernación, necesitamos en los municipios, necesitamos en la universidad, son según los cálculos que se han hecho más de 96 millones de bolivianos ya que desde el 2016 a la fecha se han retenido y todavía cada mes se sigue haciendo lo mismo».
