ORGANISMOS Y COMUNARIOS DE TARIQUÍA PROTESTAN CONTRA EL INGRESO DE PETROBRAS A LA RESERVA PROTEGIDA
Comunidades, organizaciones cívicas y defensoriales expresan rechazo unánime al ingreso de Petrobras a Tariquía, denuncian uso policial desproporcionado, procesos penales contra comunarios y exigen respeto a consulta previa y derechos.
El ingreso de Petrobras Bolivia al área donde se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO-X3), dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, generó un rechazo público y sostenido de comunidades locales, organizaciones sociales y entidades de defensa de derechos humanos. La oposición se activó tras dos jornadas consecutivas de intervención policial que despejaron el punto de vigilia instalado en la Quebrada Las Vacas, habilitando el paso de maquinaria y personal hacia el cantón Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos.
Comunarios de la zona señalaron que la acción policial vulneró derechos fundamentales y desconoció la voluntad expresada por las comunidades que habitan el área protegida. La vigilia, mantenida de forma continua desde el 8 de diciembre de 2025, fue organizada por el Comité de Defensa de Tariquía como medida pacífica para impedir el avance de actividades hidrocarburíferas dentro de la reserva.
La activista ambiental Nelly Coca, defensora de Tariquía, declaró a medios locales que la resistencia comunal se mantiene pese al hostigamiento y al uso de la fuerza. Informó que 17 comunarios fueron notificados con procesos penales, entre ellos por presunta asociación delictuosa, situación que consideran una criminalización de la defensa ambiental. Según Coca, la zona intervenida corresponde a un área de recarga hídrica utilizada aguas abajo por comunidades y ganado, aspecto central del rechazo al proyecto.
La Defensoría del Pueblo confirmó la apertura de investigaciones y se constituyó en Entre Ríos para realizar una verificación in situ. La delegada departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la presencia institucional responde a instrucciones del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con el fin de evaluar la actuación policial bajo estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de constatar el estado físico de las personas en vigilia. Durante las entrevistas se verificó la participación de mujeres y personas adultas mayores de origen campesino.
La institución defensorial también señaló que realiza seguimiento a la situación jurídica de defensoras y defensores de derechos humanos en temas ambientales, incluyendo a Nelly Coca y otros comunarios, quienes enfrentan procesos por presuntos delitos como impedir el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo. La Defensoría recordó que el Estado boliviano asumió compromisos internacionales mediante el Acuerdo de Escazú, que establece garantías para la consulta previa, libre e informada, y la protección de personas defensoras del medio ambiente.
En paralelo, organizaciones cívicas se pronunciaron sobre el conflicto. El Comité Cívico Juvenil de Tarija cuestionó públicamente al Gobierno por permitir la intervención en Tariquía y recordó compromisos previos de autoridades nacionales con la defensa de la reserva. Su presidente, Fernando Leytón, anunció una marcha en la ciudad de Tarija en respaldo a las comunidades y en rechazo a la presencia de empresas petroleras en el área protegida.
